Vivimos una paradoja. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil distinguir entre evidencia, opinión, publicidad y desinformación. El ámbito ambiental refleja con especial claridad este fenómeno. En segundos, un contenido puede recorrer el mundo, influir en miles de personas y condicionar decisiones públicas o privadas, aun cuando carezca de sustento científico.
Basta recorrer las redes sociales para encontrar ejemplos: mensajes que niegan o relativizan el cambio climático, publicaciones que desacreditan tecnologías respaldadas por evidencia o campañas que presentan productos, empresas e instituciones como sostenibles sin que sus acciones lo demuestren. No se trata solo de información incorrecta. Es un fenómeno que deteriora la calidad del debate público y debilita la confianza ciudadana.
Las Naciones Unidas han advertido que la desinformación constituye uno de los principales desafíos de nuestro tiempo, mientras que UNESCO sostiene que fortalecer la alfabetización mediática es indispensable para desenvolverse críticamente en el entorno digital. En un contexto de crisis climática, esta tarea adquiere una importancia aún mayor.
Conviene distinguir tres conceptos. La información errónea (misinformation) corresponde a contenidos falsos o inexactos difundidos sin intención de engañar. La desinformación (disinformation), en cambio, consiste en difundir deliberadamente información falsa o engañosa para influir en la opinión pública o retrasar la respuesta frente a un problema. A ello se suma el greenwashing o «lavado verde»: estrategias comunicacionales que exageran o distorsionan el desempeño ambiental de productos, organizaciones o instituciones para proyectar una imagen de sostenibilidad que no guarda relación con la realidad.
Las consecuencias van mucho más allá del medio ambiente. Cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre evidencia científica, opiniones e intereses particulares, aumentan la desconfianza y la polarización, dificultando la construcción de acuerdos sobre desafíos comunes. La democracia necesita deliberación, pero también una base compartida de hechos verificables.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que el «deliberado menoscabo de la ciencia» ha contribuido a generar percepciones erróneas sobre el consenso científico, la urgencia y los riesgos del cambio climático. En la misma línea, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que «la desinformación está retrasando la acción climática». No se trata solo de un problema comunicacional: también constituye un obstáculo para enfrentar una de las mayores amenazas de nuestro tiempo.
Frente a este escenario, la educación ambiental adquiere un significado más amplio del que tradicionalmente le hemos atribuido. Ya no basta con enseñar biodiversidad, reciclaje o cambio climático. También debe desarrollar capacidades para comprender cómo se construye el conocimiento científico, evaluar críticamente la información y distinguir cuándo un argumento está respaldado por evidencia y cuándo responde a intereses particulares.
Esto exige fortalecer tres competencias esenciales: alfabetización científica, para comprender cómo se genera el conocimiento y por qué el consenso científico constituye una referencia fundamental para la toma de decisiones; alfabetización mediática, para identificar fuentes confiables, reconocer sesgos y verificar información; y una cultura democrática que promueva el diálogo respetuoso, la deliberación informada y la participación responsable. UNESCO ha señalado que estas competencias constituyen una de las respuestas más eficaces frente a la desinformación.
Chile ha avanzado en educación ambiental, pero el contexto exige ampliar su alcance. La inteligencia artificial, los algoritmos y la velocidad con que circula la información han transformado la manera en que las personas construyen sus opiniones. Verificar fuentes, interpretar evidencia y reconocer estrategias de manipulación ya no son habilidades complementarias: son competencias ciudadanas esenciales.
Desde la Red de Educación Ambiental de Chile creemos que este desafío representa también una oportunidad. La educación ambiental puede convertirse en un espacio privilegiado para formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, dialogar con respeto y participar informadamente en las decisiones que afectan a sus territorios. No se trata de enseñar qué pensar, sino de entregar herramientas para distinguir entre evidencia y desinformación, entre debate legítimo y manipulación, y entre compromiso ambiental auténtico y simple maquillaje verde.
En una democracia siempre existirán diferencias de opinión. Los desacuerdos solo fortalecen la deliberación cuando se construyen sobre hechos verificables. Proteger los ecosistemas exige ciencia, innovación y políticas públicas eficaces, pero también ciudadanos capaces de evaluar críticamente la información que reciben y participar responsablemente en las decisiones colectivas. En tiempos donde las noticias falsas, el greenwashing y los algoritmos compiten por moldear la opinión pública, fortalecer la educación ambiental es también una forma de fortalecer nuestra democracia.
REA Chile
Red de Educación Ambiental de Chile